No ha habido nunca ninguna economía que funcione sin intervención pública. La economía colaborativa en el ámbito turístico no es una excepción. Toda actividad económica que forma parte de la producción de ciudad es dependiente o está determinada por regulaciones públicas, por la gente que vive o la gente que no puede vivir, por las condiciones climáticas y medioambientales, por las condiciones socioeconómicas de sus barrios, por las relaciones de poder que determinan la actividad de una ciudad.
El turismo en Barcelona es especialmente sensible a todas estas cuestiones. La pregunta importante que nos tenemos que hacer no es tanto si la economía colaborativa y el turismo se tienen que regular o no, sino cómo. Para tener claro este objetivo, es fundamental saber cuáles son sus efectos urbanos y sociales de estas actividades. La interacción económica entre sujetos siempre tiene efectos colectivos. Que dos personas puedan compartir libremente bienes privados tiene efectos urbanos: sobre el incremento del valor o degradación del territorio, sobre las posibilidades de uso social o no de los recursos (escasos) existentes en una ciudad, sobre las formas de diversificar la oferta en todo el territorio o centralizarla en sus puntos económicos neurálgicos, sobre la capacidad de redistribuir las rentas sobre el conjunto de la población o sólo sobre el conjunto de los propietarios actuales.
Para hacer una economía redistributiva en el ámbito turístico, es importante poder situar estos retos y este es el objetivo de esta intervención.
